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jul 26 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que podría transformar radicalmente el modelo del deporte universitario, en especial el del baloncesto NCAA
El decreto, que modifica el actual sistema de compensaciones conocido como NIL (Nombre, Imagen y Semejanza), prohíbe los pagos directos de terceros a los atletas a cambio de su desempeño deportivo. La medida, presentada desde Washington como una forma de preservar el amateurismo y estabilizar el mercado de transferencias, apunta a contener un sistema que ha escalado hasta cifras millonarias, con planteles que superan los 35 millones de dólares en beneficios anuales gracias al aporte de donantes privados.
Desde la Casa Blanca se promociona como un salvavidas para la NCAA, mientras que sectores legales y académicos anticipan una avalancha de demandas para impedir su aplicación.
El baloncesto universitario está en el centro de este conflicto. En la temporada 2025, las principales universidades convirtieron el portal de transferencias en una auténtica subasta, ofreciendo contratos millonarios a jugadores que, hasta hace poco, estaban lejos del profesionalismo.
Aunque la nueva orden ejecutiva no bloquea la posibilidad de que los atletas ganen dinero por acuerdos publicitarios o por el uso de su imagen, sí limita de forma tajante la financiación directa que, según el gobierno, está desvirtuando la competición y poniendo en jaque disciplinas menos lucrativas como el atletismo o la natación.
Todo esto llega en un contexto marcado por cambios profundos: hace solo unas semanas, la justicia autorizó a las universidades a pagar sueldos a sus atletas con un tope de 20,5 millones por institución para 2025/26, y la NCAA fue condenada a pagar 2.800 millones de dólares en compensaciones por prácticas económicas restrictivas desde 2016. Ahora, la iniciativa de Trump podría revertir o, al menos, congelar parte de esos avances.
El decreto, que modifica el actual sistema de compensaciones conocido como NIL (Nombre, Imagen y Semejanza), prohíbe los pagos directos de terceros a los atletas a cambio de su desempeño deportivo. La medida, presentada desde Washington como una forma de preservar el amateurismo y estabilizar el mercado de transferencias, apunta a contener un sistema que ha escalado hasta cifras millonarias, con planteles que superan los 35 millones de dólares en beneficios anuales gracias al aporte de donantes privados.
Desde la Casa Blanca se promociona como un salvavidas para la NCAA, mientras que sectores legales y académicos anticipan una avalancha de demandas para impedir su aplicación.
El baloncesto universitario está en el centro de este conflicto. En la temporada 2025, las principales universidades convirtieron el portal de transferencias en una auténtica subasta, ofreciendo contratos millonarios a jugadores que, hasta hace poco, estaban lejos del profesionalismo.
Aunque la nueva orden ejecutiva no bloquea la posibilidad de que los atletas ganen dinero por acuerdos publicitarios o por el uso de su imagen, sí limita de forma tajante la financiación directa que, según el gobierno, está desvirtuando la competición y poniendo en jaque disciplinas menos lucrativas como el atletismo o la natación.
Todo esto llega en un contexto marcado por cambios profundos: hace solo unas semanas, la justicia autorizó a las universidades a pagar sueldos a sus atletas con un tope de 20,5 millones por institución para 2025/26, y la NCAA fue condenada a pagar 2.800 millones de dólares en compensaciones por prácticas económicas restrictivas desde 2016. Ahora, la iniciativa de Trump podría revertir o, al menos, congelar parte de esos avances.
